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LLAMAMIENTO ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

Madrid, a 23 de marzo de 2004

Estimado Sr./Sra.:

Las organizaciones que formamos parte de la Plataforma por la Democratización de Guinea Ecuatorial consideramos que es inaplazable la adopción de acciones internacionales de control y supervisión ante el dramático empeoramiento de la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial.

Más allá de toda duda, los informes emitidos por diversos organismos estatales, internacionales y no gubernamentales muestran que la violación de los derechos humanos fundamentales es endémica en Guinea Ecuatorial. En una última confirmación de la gravedad del problema, el Secretario General de Naciones Unidas acaba de decidir, con fecha de 22 de marzo, el envío a Guinea Ecuatorial del Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, Tuliameni Kalomoh, en relación con un presunto intento de golpe de Estado, y con las implicaciones que ello pueda tener en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales en la región.

La agravación de la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial una situación que con claridad reflejan los documentos cuyo resumen adjuntamos se ha producido precisamente a partir de la retirada, en 2002, del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Gustavo Gallón. Cabe afirmar, por tanto, que la situación actual de Guinea Ecuatorial exige la adopción por la Comisión de Derechos Humanos de una Resolución que muestre la profunda preocupación de la comunidad internacional, y mediante la que se que establezca el nombramiento de un Relator Especial para Guinea Ecuatorial.

Los últimos acontecimientos, y en particular la reacción de las autoridades guineanas ante el presunto golpe de Estado justifican, en nuestra opinión, la necesidad de que la Comisión adopte esa Resolución durante su actual período de sesiones, con carácter urgente y extraordinario si fuera preciso.

Atentamente,

PLATAFORMA POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL

El Parlamento Europeo, mediante su Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, de 13 de junio de 2002, pidió a la Comisión de Derechos Humanos "que decida enviar a Guinea Ecuatorial al Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura", y así mismo pidió a los Estados miembros "que sigan de cerca la situación de ese país y que propongan a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que vuelva a nombrar un Relator especial para Guinea Ecuatorial" (párrafo 8).

La Resolución condenaba enérgicamente las sentencias dictadas en Guinea Ecuatorial contra más de 60 líderes de la oposición y personas vinculadas a ellos en mayo de 2002 "como resultado de juicios políticos que son considerados internacionalmente injustos, y con total desprecio al derecho fundamental de la defensa", y exigía la "liberación inmediata de todos los prisioneros políticos". También en relación con ese juicio, el Consejo de la Unión Europea, mediante Declaración de 10 de junio de 2002, denunció las "irregularidades procesales observadas, las alegaciones de tortura y maltrato de los acusados, y la debilidad de las pruebas, que contrasta con la severidad de las sentencias".

Por su parte, la Comisión Europea, mediante Declaración escrita de 14 de junio de 2002, realizada a través del Comisario finlandés Liikanen, lamentó "las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que excluyen a Guinea Ecuatorial de la lista de países que deben ser objeto de supervisión por un representante especial". Además, afirmó que "dadas las circunstancias, los relatores especiales de Naciones Unidas en asuntos como la tortura, independencia de la justicia, y libertad de prensa deberían visitar el país tan pronto como sea posible".

La Comisión estaba además considerando seriamente la posibilidad de poner en marcha la aplicación a Guinea Ecuatorial del artículo 96 del Acuerdo de Cotonu, que contiene la cláusula de condicionalidad democrática en relación con los fondos que se asignan a cada país del Grupo ACP (África, Caribe y Pacífico) en el marco del 8º Fondo Europeo de Desarrollo. La ayuda financiera comunitaria ya había sido bloqueada entre 1993 y 1997 por razón del incumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos. En 2002, la Comisión dudaba de la influencia que las sanciones pudieran tener en Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta el volumen de ingresos procedentes del petróleo.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial en 2003, que acaba de hacerse público, el Departamento de Estado de Estados Unidos pone de manifiesto que, a pesar del amplio reconocimiento de los derechos y libertades de los guineanos en la constitución y las leyes, el Gobierno, y sus cuerpos de seguridad, apenas los respetan en la práctica, ni adoptan las medidas necesarias para su consecución. Además constata que el Gobierno está utilizando la riqueza petrolífera para el enriquecimiento de los gobernantes mientras que la mayoría de la población permanece en la más absoluta pobreza.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Guniea Ecuatorial persisten problemas muy graves en relación con la protección de derechos humanos, mientras que sigue siendo nula o muy restringida la posibilidad real de los ciudadanos de cambiar pacíficamente de gobierno. Las fuerzas de seguridad siguen cometiendo numerosos abusos, incluida la tortura, las palizas y otras agresiones a los prisioneros y a quienes se considera "sospechosos", en ocasiones con resultado de muerte, aun cuando haya habido menos informaciones sobre torturas y abusos en 2003 que en años anteriores.

Las condiciones carcelarias en Guinea Ecuatorial siguen siendo de extrema dureza e insalubridad. Los prisioneros son a menudo torturados para conseguir confesiones. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometen generalmente abusos con impunidad. Las fuerzas de seguridad recurren a detenciones arbitrarias e indiscriminadas, y mantienen en ocasiones a los detenidos en situación de incomunicación. El sistema judicial no ofrece las garantías procesales elementales, de modo que el derecho a un juicio justo es repetidamente conculcado. Entre las violaciones más frecuentes que el Departamento de Estado de Estados Unidos imputa al Gobierno de Guinea Ecuatorial, cabe citar la restricción muy severa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, de los derechos de derechos de reunión y de asociación, de la libertad religiosa, y del derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de movimientos en el propio país.

El Informe constata, además, que no existen organizaciones no gubernamentales efectivas de derechos humanos. En particular, la violencia y la discriminación contra las mujeres se mantiene como un problema serio. La discriminación contra las minorías étnicas, particularmente el grupo étnico bubi y los extranjeros continúa. Los derechos laborales siguen siendo restringidos. El trabajo infantil persiste, y los prisioneros son sometidos a trabajos forzosos. Algunas fuentes indican que en Guinea Ecuatorial se está produciendo tráfico de personas.

La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial ha sido estudiada por la Comisión de Derechos Humanos de NU desde 1975. A pesar de las numerosas fuentes gubernamentales y no gubernamentales, muy en especial, del informe del entonces Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos, que daban cuenta de la gravedad de las violaciones de derechos humanos que persistían en el país, la Comisión decidió en su 58º período de sesiones dar por terminado el mandato del Relator. Desde entonces, los datos que revelan los informes de distintos órganos convencionales y no convencionales de promoción y protección de derechos humanos de NU confirman la urgente necesidad de volver a incluir la cuestión de la situación de este país en la agenda de la Comisión y de designar un experto que fiscalice el comportamiento del gobierno guineano respecto a los derechos humanos. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, el Relator sobre ejecuciones sumarias o el Relator sobre la cuestión de la tortura han seguido enviando llamamientos urgentes y otras comunicaciones de violaciones graves de derechos humanos, muchas veces, sin recibir siquiera respuesta del gobierno de Guinea como se desprende de la lectura de sus últimos informes. Destaca el informe de su visita Guinea en diciembre de 2002 del Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión (doc. E/CN.4/2003/67/Add.2). En su informe, el Relator concluía, inter alia, que las ONG que trabajan en la esfera de los derechos humanos no están autorizadas a registrarse y funcionar. Incluso fuera de este ámbito, otras ONG habían sido prohibidas sin motivo alguno. La falta de independencia de los jueces es otra de las conclusiones más preocupantes del informe de este Relator. Los Comités de NU competentes para vigilar la aplicación de los tratados ratificados por Guinea en materia de derechos humanos han visto impedida su labor debido a la falta de presentación de informes por parte del gobierno guineano.

Amnistía Internacional 

La acción constante y firme de Amnistía Internacional a favor de las personas cuyos derechos humanos han sido flagrantemente violados en Guinea Ecuatorial durante los últimos años, se inicia mediante su Informe Guinea Ecuatorial: Una parodia de juicio para reprimir a la oposición. El Informe documenta el arresto y enjuiciamiento de opositores políticos y de personas relacionadas con ellos en 2002, a quienes Amnistía considera presos de conciencia. Según el Informe, las violaciones de derechos relacionadas en particular con ese juicio incluyeron el uso de confesiones obtenidas bajo tortura, de las que los acusados se retractaron ante el tribunal arriesgando su vida; la indiferencia de los jueces ante las alegaciones de los acusados sobre torturas, pese a las evidencias de las marcas que podían verse en sus cuerpos; la falta de defensa adecuada debido al hecho de que, entre otras cosas, los abogados de la defensa sólo tuvieron un día para estudiar los cargos específicos presentados contra sus clientes; y la falta de independencia del tribunal cuyos miembros habían sido directamente nombrados por las autoridades ejecutivas.

Amnistía puso en marcha acciones urgentes para proteger a los detenidos y condenados en ese juicio, pero la situación actual en Guinea no ha dejado de ser motivo de preocupación acuciante. Amnistía acaba de lanzar una nueva acción urgente en relación con violaciones muy graves de derechos humanos que están teniendo lugar en estos momentos en Guinea Ecuatorial.

CPDS, principal partido de la oposición en el interior, denunció el fraude de las elecciones presidenciales celebradas el 15 de diciembre de 2002, en las que el presidente Obiang Nguema venció con más del 97 % del sufragio.

Según esta organización, cualquier persona puede ser detenida por las fuerzas de seguridad por cualquier sospecha infundada, lo que supone general y sistemáticamente sufrir malos tratos. La situación de los presos políticos juzgados en mayo-junio de 2002 siguió siendo para muchos de aislamiento, hambre y vejaciones hasta que en abril de 2003 mejoraron las condiciones carcelarias y pudieron recibir la visita de sus familiares. Durante el encarcelamiento fallecieron tres de los condenados en este juicio: Juan Asumu Sima, Juan Ondo Nguema y Francisco Abeso Mbá. En junio de 2003, los presos fueron presionados para que firmaran una carta autoinculpatoria pidiendo clemencia al presidente Obiang Nguema, y el líder opositor Felipe Ondó Obiang fue trasladado secretamente en junio de la cárcel de Black Beach a la de Evinayong, en el interior del país, donde permanece desde entonces en condiciones penosas.

Tras el indulto a Plácido Micó y una veintena presos políticos más en agosto de 2003, han sido realizadas nuevas detenciones y torturas por motivos políticos. A principios de noviembre se detuvo a los ciudadanos Bienvenido Samba Momesori, sacerdote de la iglesia de los Querubines y Serafines, y Rodrigo Angüe Mba, corresponsal de la agencia de noticias France Press. Simón María Nsue Mokuy fue secuestrado en enero de 2003 y abandonado durante más de dos meses en un edificio solitario anexo al penal de Black Beach por haber distribuido información recibida a través de Internet.

Se han producido además, dos rondas de detenciones masivas: en diciembre de 2003 se detuvieron, en un ambiente muy secretivo, a algunos miembros del régimen y de sus familias, como el general Agustín Ndong Oná, siendo objeto de torturas y de un posterior juicio a puerta cerrada en febrero, sin respeto alguno a los procedimientos judiciales legalmente establecidos, cuya sentencia final fue redactada por el mismo presidente Obiang Nguema. En marzo de 2004 se realizó otra redada contra extranjeros, que, según el Gobierno, ha dado lugar, por sorpresa, a la detención de un grupo de mercenarios que se disponía a atentar contra la estabilidad política e institucional de Guinea Ecuatorial.

En relación a las libertades de reunión y asociación, el objetivo del régimen es controlar todo lo que significa grupo de personas organizadas. El Colegio de Abogados, que sobrevivía difícilmente, ha sido disuelto. Sigue sin haber un solo sindicato en Guinea Ecuatorial. Los órganos de los partidos políticos no pueden reunirse en la periferia por las amenazas y el hostigamiento de las autoridades locales.

La libertad de movimientos está seriamente impedida. El país entero está salpicado de barreras fijas y móviles que controlan los movimientos de la población. A inicios de marzo, el gobierno impidió al Secretario General de CPDS, Plácido Micó Abogo, viajar a una reunión de la Internacional Socialista en Abidján.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar del fuerte crecimiento económico que experimenta el país, la mayor parte de la población sigue viviendo en condiciones de extrema miseria, en el que los derechos a la salud, la educación o la igualdad de género se ven permanentemente socavados. En cuanto al derecho al trabajo, el gobierno ha puesto en marcha diferentes mecanismos destinados a excluir de cualquier puesto de trabajo, público o privado próximo del poder, a todo aquel que no tenga afinidad con el partido en el poder.

Los atropellos de las fuerzas de seguridad del estado contra los ciudadanos son numerosos. Algunos de los habitantes de Malabo sufrieron en abril de 2003 la demolición de las viviendas situadas en las inmediaciones del Palacio Presidencial, por las fuerzas de seguridad del estado y sin haber recibido aviso previo ni compensación económica alguna. En octubre de 2003 se destruyó en Bata una cincuentena de viviendas en las cercanías del Hospital General en cumplimiento de órdenes directas del presidente Obiang, por la supuesta razón de que los dueños de las casas no tenían autorización para construir en el lugar. No sólo se negó indemnización alguna sino que tampoco se concedió un tiempo prudencial para que pudieran retirar sus pertenencias

El 12 de enero, las mujeres vendedoras de ropa usada (asamsee) fueron brutalmente atropelladas por efectivos de la policía antidisturbios de Malabo cuando protestaban pacíficamente por la destrucción de las casetas en las que vendían su mercancía.

Actualmente, CPDS ha denunciado el clima de intimidación contra sus militantes y dirigentes, y la población en general, en el que se está desarrollando la campaña electoral previa a las elecciones legislativas que se celebrarán en abril de 2004. Ocho militantes de esta formación política permanecen detenidos en distintas dependencias oficiales, sin cargos algunos.

Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial - ASODEGUE

 3 de junio: Traslado de Felipe Ondó Obiang desde Black Beach al penal de Evinayong, situado en el centro de la región de Río Muni. El traslado lo hacen fuerzas del ejército sin previo aviso al detenido ni a su familia. Ondó Obiang viaja buena parte del trayecto con los ojos vendados, fue torturado en Bata y permaneció encadenado los cuatro primeros días de su estancia en Evinayong. Su domicilio familiar queda a más de 600 kilómetros del penal de Evinayong. No recibe asistencia médica regular.

27 junio: Las autoridades penitenciarias presionan a los presos de Black Beach para que firmen una carta pidiendo clemencia al Jefe del Estado. Durante unos días las presiones han sido verbales pero el día 25 de junio tras una visita del Director General de Prisiones se les anuncia que si no firman se endurecerán las condiciones de cárcel, en concreto se cerraran las dependencias cinco horas antes (las 21 horas por las 17,30).

30 julio. La policía detiene en Niefang durante unas horas a Nicolás Mangué, dirigente de la formación opositora CPDS. Nicolás Mangué fue trasladado a las 19,30 horas a la Delegación del Gobierno en esa ciudad en la que estaba de vacaciones. Horas después fueron detenidos Eugenio Manga y Cornelio Mayebe ambos simpatizantes de la misma formación política. No se formulan cargos contra ellos pero se les impuso una multa de 25.000 francos CFA a cada uno. Nicolás Mangué fue puesto en libertad a las 23,30 horas y hubo de presentarse de nuevo a la mañana siguiente en la oficina de la Delegación del Gobierno en Niefang. La autoridad gubernativa no justificó ninguna de estas medidas.

18 septiembre: Nuevas noticias sobre la situación de Felipe Ondo. No recibe atención médica. Es atado por las noches "para evitar que se escape".

23 septiembre: El Ministerio de Información guineano difunde un escrito titulado "Carta del Consejo de Mayores del distrito de Mbini" con la intención de coaccionar y denigrar al dirigente de CPDS Plácido Micó indultado reciente. Se demuestra que el autor del escrito es el propio Ministro de Información Agustín Nze Nfumu.

23 octubre: La policía detiene al pastor de la Iglesia de los Querubines y los Serafines Bienvenido Samba Momesori a la salida de un oficio religioso al que asistía. Samba Momesori había sido juzgado y condenado tras los acontecimientos de enero de 1998 en la isla de Bioko. Fue indultado el 12 de octubre de 2002. La policía no informa a la familia sobre la situación del detenido ni sobre el centro en el que está encerrado. No se formulan cargos contra él.

3 noviembre: La policía detiene a Rodrigo Mangúe Nguema, corresponsal de la agencia France Press. Es el único corresponsal acreditado en Guinea de una de la agencias de información importante. Se le acusa de difundir rumores sobre un posible intento de golpe de estado. Permanece siete días en la comisaría de Malabo. Finalmente no se formulan cargos contra él.

3 diciembre: Se confirma que Samba Momesori ha sido trasladado al penal de Evinayong. No se han formulado cargos contra él. Su domicilio esta a más de 600 kilómetros de la cárcel.

3 diciembre: Se producen decenas de detenciones en la región continental El elemento desencadenante parece ser la fuga de un habilitado de las fuerzas armadas Cipriano Ngumea Mba con más de 500 millones de francos CFA. Empiezan a llegar noticias de torturas y encarcelamientos en centros no oficiales.

5 enero: Muere Francisco Abeso Mba, enfermo de sida, había sido condenado en el macro juicio del Cine Marfil. No recibió asistencia médica alguna. Dos meses antes de su fallecimiento, cuando su estado era ya terminal las autoridades guineanas le dejaron salir de la cárcel.

12 enero: Incidentes en las calles de Malabo. Un grupo de mujeres, asamsee, propietarias de puestos de ropa usada en el mercado de Malabo, se manifiestan porque las autoridades han destruido la nave ocupada por sus puestos. La policía golpea brutalmente a las manifestantes y un grupo de ellas son detenidas. Se las pone en libertad antes de 24 horas.

5 febrero: La ejecutiva del partido CPDS realiza una gira por la región continental. Las autoridades distritales ponen, durante la última semana, todo tipo de obstáculos a su actividad. Deben esperar durante horas en las barreras de vigilancia establecidas en las carreteras, se dan órdenes a los dueños de los hoteles para que no les alojen...

19 de febrero: Se celebra en Bata un juicio a puerta cerrada contra más de un centenar de opositores detenidos a partir del 3 de enero. Los encausados han sido objeto de todo tipo de intimidaciones, buena parte de ellos han sido objeto de torturas, no conocen con exactitud los cargos que se formulan contra ellos, han tenido acceso al sumario con pocas horas de antelación y, en ningún caso, han podido leer el sumario completo. El juicio se celebra en el Palacio de Justicia de Bata, a puerta cerrada y rodeado de militares. Los encausados a los que se tiene acceso informan que las comparecencias de cada uno de ellos duran unos pocos minutos. La sentencia se lee él día 21, una sola vez, ante el conjunto de los encausados. Ninguno recibe notificación oficial de sus penas como no había recibido notificación oficial de sus cargos. Entre los procesados hay miembros del Parlamento guineano, en ningún caso se pide autorización para su procesamiento. No hay condenas a muerte.=20

4 de marzo: Un grupo de encapuchados detiene en su domicilio de Malabo a Weja Chicampo. Los encapuchados parecen ser miembros de la policía política. Weja Chicampo es dirigente de la formación ilegalizada MAIB. Llevaba una semana enfermo de paludismo. Es cruelmente torturado y llevado a Black Beach. La policía pide 250.000 francos CFA a su familia para autorizarles la entrega de comida para el detenido.

6 de marzo: El ejército guineano ocupa las calles de Malabo e inicia una operación contra todos los extranjeros residentes en Guinea. La policía y el ejército asaltan casas de residentes extranjeros, los encarcelan y los expulsan sin ningún miramiento legal. Parecen ser 700 los expulsados cameruneses, 300 de ellos llegan a las costas de Camerún en dos cayucos en los que no caben, con seguridad, más de 50. La gran mayoría abandona el país "con lo puesto", sin poder salvar ninguna de sus propiedades. La operación se dirige principalmente contra africanos, pero son detenidos también un grupo de europeos o (en general) de blancos. Algunos de ellos son torturados en Black Beach. A consecuencia de estas torturas muere en la madrugada del día 17 Nershz Gerahrd Eugen, de origen alemán, vecino de Malabo y pastelero de profesión. Presentaba heridas en los brazos, las piernas y las nalgas, algunas de ellas gravemente infectadas. Llegan noticias de desapariciones de guineanos y de residentes extranjeros.