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REFLEXIONES SOBRE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN GUINEA ECUATORIAL TRAS EL SEMINARIO CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2003

José Carlos Sendín Gutiérrez y Alicia Campos Serrano
Miembros del Grupo de Estudios Africanos

 Los pasados días 23 y 24 de enero del presente año ha tenido lugar un seminario sobre Guinea Ecuatorial, que ha reunido a personas representativas del mundo de la Cooperación Internacional al Desarrollo con este país, desde expertos en Cooperación Internacional al Desarrollo, técnicos y agentes guineanos que trabajan en el ámbito del desarrollo humano -tanto en Guinea Ecuatorial como en España-, representantes de agencias de cooperación con un papel muy activo en la Cooperación al Desarrollo en Guinea Ecuatorial, así como representantes del mundo de la política. (Ver programa del Seminario adjunto). En respuesta a las interesantes conclusiones del Seminario y a la muy especial situación por la que viene atravesando Guinea Ecuatorial en los últimos tiempos - país prioritario para la Cooperación al Desarrollo de España -, es que la Comisión Organizadora del Seminario presenta las siguientes recomendaciones al Gobierno español y a las autoridades responsables del diseño, planificación, ejecución y evaluación de la Cooperación al Desarrollo que se realiza con Guinea Ecuatorial.

I. Recomendaciones relacionadas con los compromisos asumidos por España en materia de Cooperación Internacional Desarrollo.

En múltiples ocasiones y refrendado en varios documentos por la comunidad internacional de donantes se ha hecho hincapié en la importancia de favorecer un marco de políticas que garanticen el respeto de los derechos humanos, traducido en la defensa de la democracia, el estado de derecho y el imperio de la ley, como requisito fundamental para el crecimiento y la promoción de los países sumidos en la pobreza. Este principio está reconocido en el Tratado entre los países de África, Caribe y Pacífico y la Unión Europea, firmado en Cotonou en 2001; así como en la revisión de política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, donde ocupa una de la 6 áreas prioritarias. Por último, el PACI 2003 establece como unas de las prioridades el aprobar la estrategia de la Cooperación Española para la promoción de la democracia y el Estado de Derecho.

Estos compromisos asumidos por España de forma clara en materia de democracia y estado de derecho deberían traducirse en una política nítida de crítica y presión al régimen autoritario e ilegítimo personificado en la figura de T. Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial, reelegido en el último proceso electoral -denunciado internacionalmente- con el 97% de los votos escrutados. La violación sistemática de los derechos humanos y la situación de pobreza abyecta en que se encuentra sumida la población de Guinea Ecuatorial -que debe ser consideraba en sí misma una violación del derecho humano a llevar una vida digna-, deben mover al estado español a ser coherente con los compromisos asumidos en materia de Cooperación al Desarrollo, en un país del África Subsahariana tan significativo en nuestra historia reciente. Y esto desde diversos ángulos que pasamos a detallar:

1. La viabilidad del desarrollo de Guinea Ecuatorial depende del fortalecimiento de su sociedad civil, que es la única que puede exigir y conseguir que su gobierno se comporte responsablemente y se produzca un cambio en las características fundamentales del régimen. Sólo a través del empoderamiento de las personas y la instauración de prácticas democráticas es posible que la población aumente sus capacidades y logre el desarrollo.
2. El papel de la cooperación en este proceso de fortalecimiento de la sociedad civil es difícil de vislumbrar. Los programas conocidos como de apoyo institucional pueden, en unas condiciones como las de Guinea, fortalecer al grupo de personas actualmente en el poder más que defender los derechos humanos de la mayoría. Hay que aceptar la limitada capacidad de los instrumentos de la cooperación internacional para transformar por sí misma las estructuras de un país, y debe evitarse en lo posible que lleguen a favorecer al mismo régimen. En este contexto, los objetivos de la cooperación española en Guinea Ecuatorial deberían concentrarse en 1) la reducción de la pobreza y 2) el fortalecimiento de la sociedad civil.
3. La presencia de la cooperación española en el país ha estado ligada tradicionalmente a sectores sociales básicos, especialmente la salud y la educación, en los que su papel ha sido fundamental en el conjunto del país. Desde la crisis que vivieron las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial en 1993, gran parte de estos proyectos se llevan a cabo a través de ONGs como la FERE o la FERS o instituciones como el Instituto de Salud Carlos III. Estas actividades, por afectar a un porcentaje muy elevado de la población en aspectos tan básicos que el estado no atiende, son difícilmente cuestionables en el corto plazo. Su desaparición afectaría gravemente el nivel de vida de los guineanos, y no favorecería un cambio de actitud del gobierno, pues ahora no depende de la cooperación para sobrevivir, sino de los recursos del petróleo, a los que nos referiremos más adelante.
4. Sin embargo, debe tenerse siempre en cuenta que estos programas pueden fomentar la desresponsabilización del gobierno guineano respecto de áreas que conciernen básicamente a la política social del estado. Por otra parte, estos programas deben tener una vocación de terminación, pues el proceso de desarrollo al que la cooperación pretende ayudar, sólo puede tener como resultado que servicios básicos como la educación o la sanidad se encuentre en manos de la propia sociedad guineana.
5. Cualquier otro programa de cooperación en el país debería valorarse en función de su capacidad para generar o facilitar ámbitos de libertad para los guineanos, y no para sus gobernantes. Bajo este prisma, deben fomentarse acuerdos como el de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o el deseable restablecimiento del programa de Radio Exterior de España para Guinea Ecuatorial. En este mismo sentido, con el fin de favorecer una de las recomendaciones realizadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE a España, en su último examen de 9 de abril de 2002, la cooperación española debe fomentar la apropiación y la integración de la ayuda por parte de la población guineana, y por ello, promover la contratación de personal local y no de personal expatriado, con lo que se garantizaría una mayor coherencia de las acciones y un mayor impacto al contar con personal autóctono debidamente preparado.
6. La primera recomendación del CAD, en el informe mencionado más arriba, consiste en alcanzar para el año 2006 un porcentaje de 0.33% de AOD/PNB, compromiso aumentado al 0.39% en el anuncio hecho público por la Unión Europea en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo celebrada en marzo de 2002 en Monterrey. Este es sin duda paso positivo en la línea de alcanzar los objetivos de la Cumbre del Milenio -reducir a la mitad la pobreza mundial para el 2015, entre otros- . No obstante, este aumento en las cantidades dedicadas a AOD debe ser tomado en consideración a la luz de la particular situación antidemocrática que soporta Guinea Ecuatorial, agravada por el descubrimiento de yacimientos de petróleo. En las actuales condiciones políticas y económicas, no deberían aumentarse los fondos de la cooperación española en Guinea Ecuatorial. La escasa capacidad de absorción del país en términos de recursos humanos e institucionales es un obstáculo para la eficacia de los grandes proyectos de desarrollo. La cooperación española en Guinea Ecuatorial debería continuar su esfuerzo de concentración y mejora, pero no de crecimiento.
7. Debe evitarse que la cooperación al desarrollo favorezca el aumento de la deuda externa del estado guineano, por lo que no se recomienda la utilización de créditos para financiar proyectos de desarrollo. Sin embargo debe considerarse el principio de corresponsabilidad siempre que sea posible, como actualmente se está haciendo en la lucha contra el SIDA, en el que es el gobierno guineano el encargado de proporcionar los medicamentos anti-retrovirales. Por otra parte, sí debería facilitarse una línea de micro-créditos, actualmente casi ausente en la cooperación española en Guinea, para favorecer las iniciativas particulares de los guineanos y con ello el fortalecimiento de la sociedad civil.
8. La política de cooperación debe enmarcarse en la política más amplia de España hacia Guinea Ecuatorial. En este sentido, el gobierno español debería apoyar el proceso de democratización del país a través de una política multilateral activa en los organismos internacionales y del apoyo explícito a la oposición democrática. En este sentido, y en la coyuntura actual, no debería firmarse un nuevo Convenio Marco sin una mejora sustantiva de los derechos humanos en el país y en concreto sin la liberación de los presos políticos condenados en el juicio de mayo-junio de 2002, tal y como quedó acordado en el encuentro que celebraron en septiembre la Ministra española de Asuntos Exteriores y el presidente de Guinea Ecuatorial en la sede Naciones Unidas.
9. Por último, teniendo en cuenta y a pesar del déficit democrático que existe en Guinea Ecuatorial, la cooperación española debería redoblar sus esfuerzos por fomentar la participación de la población en la formulación de los programas de desarrollo a través de la consulta a los actores locales. En una situación de represión política como la que se vive en Guinea, la cooperación que mejor puede cumplir la función de fortalecimiento de la sociedad civil es la que se hace "de sociedad a sociedad", a través de ONGs y agentes locales, sin que ello exima a los responsables de la cooperación centralizada de cuidar porque se cumplan los objetivos fundamentales de ésta.

En coherencia con lo mencionado en el apartado anterior, España debería desarrollar una política activa en aras a requerir del gobierno guineano gestione las rentas de la explotación petrolífera de manera transparente. Esta exigencia tiene dos vertientes, la que afecta a las compañías extractoras, como por las autoridades guineanas. En relación a la primera, España debería exigir la aplicación de las Instrucciones de la OCDE para las Empresas Multinacionales, que establece un código de buena conducta empresarial y un mecanismo para comunicar las violaciones de este código a los países donde las empresas están registradas, con el fin de que tomen medidas correctoras.

Por lo que se refiere al gobierno de Guinea Ecuatorial, debería exigir de forma directa a las autoridades un tratamiento transparente de la gestión de estas rentas. Para ello, debería favorecer y fortalecer a organizaciones de la sociedad civil encargadas de realizar el seguimiento de la correcta gestión de las rentas derivadas del petróleo.